Artículo publicado en abc.es Sevilla
Mariano López de Ayala, Director de Cáritas Sevilla
Nuestras entidades actúan de manera subsidiaria y ante situaciones a las que a la Administración le cuesta llegar.
Ha contado el mismo Papa Francisco que cuando la votación de los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina dio como resultado su elección como Obispo de Roma, teniendo a su lado al brasileño cardenal Hummes, éste le abrazó y le dijo: «Jorge, no te olvides de los pobres».
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Próximamente en el largo año electoral, los ciudadanos vamos a ser convocados a elegir nuestros nuevos ayuntamientos. Existen muchos factores que influyen en la decisión de voto de cada elector. Me gustaría llamar la atención sobre un aspecto que para muchos pasará desapercibido o no ocupará el lugar prioritario que ocupan otros. Me refiero a que a la hora de tomar esa importante decisión nos fijemos de manera especial en lo que los distintos partidos proponen sobre las políticas sociales, es decir, aquellas que van dirigidas a la corrección de las desigualdades sociales, a la lucha contra la exclusión social y la pobreza, a las políticas dirigidas a la integración en favor de los colectivos más desfavorecidos… Y aunque los ayuntamientos sobre esta materia tienen competencias compartidas, y en nuestro sistema político son las comunidades autónomas las responsables directas de dichas políticas, las administraciones locales tienen un amplio margen de maniobra y pueden, en este sentido, adoptar medidas sobre todo presupuestarias, que apuesten por hacer de estas políticas una de sus prioridades.
Caritas y otras entidades sociales pensamos que los próximos comicios ofrecen, a todas las fuerzas políticas y agentes sociales, una oportunidad para avanzar en la superación de una situación social especialmente delicada y cuyo alcance sobre las personas más desfavorecidas es públicamente conocido. Llevamos mucho tiempo llamando la atención sobre cómo la crisis económica no ha afectado a todos por igual y que, junto a quienes apenas han sufrido sus consecuencias o incluso algunos se han beneficiado de la misma, han sido las personas y colectivos que ya se encontraban en peores circunstancias, los que han visto aumentar su situación de pobreza y exclusión. Recordemos que el reciente informe Foessa, publicado por Caritas Española señala que 2,1 millones de andaluces (700.000 hogares) viven en situación de exclusión social y de ellos, un millón de personas (334.000 hogares) vive en situación de exclusión severa. Sólo un tercio de la población de Andalucía vive plenamente integrada y no sufre alguno de los factores que causan la situación de exclusión.
Los números a veces resultan fríos y nos insensibilizan. Las estadísticas no tienen rostro. Acostumbrémonos a poner cara a esas cifras; detrás de ellas hay miles de historias personales que afectan a seres humanos, niños, jóvenes adultos y ancianos que sufren esas situaciones; personas para los que la crisis económica no ha supuesto ni un índice en la prima de riesgo, ni la pérdida de unos puntos en la remuneración de sus ahorros ni tampoco tener que prescindir de algunos caprichos o reducir en ocio o viajes, sino algo más importante, la posibilidad de alimentarse adecuadamente, poder pagar un recibo de luz o gas, no perder su vivienda o poder pagar el alquiler… en definitiva, poder atender sus necesidades básicas y vivir con dignidad.
A la luz de todos estos síntomas, que muchas organizaciones hemos destacado y denunciado y contra las que seguimos luchando (muchas veces por encima de nuestra posibilidades y responsabilidades ante muchas dejaciones y olvidos de los poderes públicos), es necesario sentar las bases de un nuevo modelo social que los más empobrecidos nos están reclamando. La actual situación social exige respuestas valientes, generosas e imaginativas. Urge establecer un nuevo orden de prioridades por parte del conjunto de los poderes públicos que permita abordar, con auténtica visión de futuro y de manera sólida, la solución de las asignaturas todavía pendientes en la estructura social, que han impedido de forma recurrente, en las tres últimas décadas, el acceso a unas mínimas condiciones de bienestar y de dignidad de una parte importante de ciudadanos y ciudadanas que siguen viviendo por debajo del umbral de pobreza Los servicios sociales públicos no pueden ser la cenicienta de nuestras administraciones y particularmente de muchos de nuestros ayuntamientos. Esos servicios, junto a las entidades del tercer sector, resultan imprescindibles frente a los problemas de aislamiento y al debilitamiento de los apoyos familiares. Sin ellos, es imposible construir una sociedad integrada y justa. Y dichos servicios no pueden reducirse a la mera gestión de las prestaciones económicas, sino que deben ayudar y facilitar la promoción y el empoderamiento de las personas.
Las entidades de acción social, entre las que se incluye Caritas, hemos asistido con preocupación a los recortes que en los últimos años han afectado a los servicios sociales públicos, asumiendo, en muchas ocasiones, competencias y acciones que no nos correspondían. Creemos y exigimos unos servicios públicos bien dotados, personal y presupuestariamente. Nuestras entidades actúan de manera subsidiaria y ante situaciones a las que la Administración le cuesta llegar, pero ni queremos ni debemos sustituir la acción pública. Estas preocupaciones, ante la situación de muchos de nuestros conciudadanos y las políticas que desde las distintas formaciones políticas se propongan para superarlas, deberían estar en nuestro horizonte a la hora elegir nuestras opciones. La caridad, como virtud de particular importancia para los cristianos, es también caridad política que se preocupa de las estructuras sociales y busca construir una sociedad más justa. Y el ejercicio del voto es quizá una de las expresiones y contribuciones más destacadas. Por último, no olvidemos que «la opción preferencial por los pobres» no es un postulado de una corriente teológica, sino un principio que nace del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, y que particularmente ha venido subrayando las enseñanzas de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Dicha opción debe aplicarse en nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente en nuestro modo de vivir y en las decisiones que debemos tomar.
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