POBREZA y EXCLUSIÓN en ESPAÑA

España ya está sintiendo los efectos de la contracción económica mundial. Solo durante el pasado noviembre, según el Instituto Nacional del Empleo, los nuevos desempleados (parados) en este país aumentaron en 171.243, totalizando a esa fecha 2.989.269 personas sin trabajo (aproximadamente, un 12% de la población activa). Ese incremento es verdaderamente preocupante ya que, de acuerdo a las informaciones oficiales, en comparación con la misma fecha de 2007, hay 894.796 más cesantes (42,7% más). Cabe anotar que el desempleo creció por octavo mes consecutivo; había subido un 7,3% en octubre y lo hizo en un 6% en noviembre.
Además, se ha triplicado el número de empresas o personas que se declaran insolventes, especialmente en la construcción y en los servicios. Cuando el paro aumenta, disminuyen inmediatamente los afiliados que aportan a la Seguridad Social; unas 100 mil personas han deja do de contribuir a ella. Las cuentas del Gobierno señalan que la administración pública deberá aportar 2.000 millones de euros a las prestaciones por desempleo, ya que el excedente que acumulan los servicios públicos de empleo —fruto de las cotizaciones de empresas y trabajadores— no basta para hacer frente a la mala coyuntura económica.

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