Además, se ha triplicado el número de empresas o personas que se declaran insolventes, especialmente en la construcción y en los servicios. Cuando el paro aumenta, disminuyen inmediatamente los afiliados que aportan a la Seguridad Social; unas 100 mil personas han deja do de contribuir a ella. Las cuentas del Gobierno señalan que la administración pública deberá aportar 2.000 millones de euros a las prestaciones por desempleo, ya que el excedente que acumulan los servicios públicos de empleo —fruto de las cotizaciones de empresas y trabajadores— no basta para hacer frente a la mala coyuntura económica.