Desde nuestros diversos ámbitos de responsabilidad y participación social nos concierne la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales como imperativo para la convivencia, la justicia y la paz de los pueblos. Por ello, nos dirigimos al Gobierno, los partidos, los sindicatos, las asociaciones empresariales, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y, en definitiva, al conjunto de la sociedad para expresar que:1. Constatamos con preocupación que el refuerzo del control de las fronteras europeas y el recientemente aprobado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo suponen graves obstáculos para la protección de las personas refugiadas y vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes. En el momento actual, cuando el Gobierno prepara una nueva Ley de Asilo y se construye un sistema europeo común de asilo, estamos convencidos de que España debe cumplir sus compromisos con las personas refugiadas, respetando su dignidad y sus derechos, de acuerdo con las obligaciones legales contraídas.
2. Consideramos que el proyecto de la nueva Ley de Asilo, aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre, supone un retroceso en garantías y derechos hasta ahora reconocidos. Nos preocupan especialmente la devaluación del papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la utilización de listas de “países seguros” y la eliminación de la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas.
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