ECUADOR ante el recrudecimiento de la violencia en el hermano país de COLOMBIA

En la madrugada del día viernes 29 de febrero, el Gobierno colombiano realizó un ataque militar a una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP) que se encontraba en territorio ecuatoriano, en el que fallecieron 21 personas, entre ellos Raúl Reyes, segundo al mando de este grupo insurgente.
Este hecho, que se suma a la ya infinita lista de actos de violencia que afectan al pueblo colombiano desde hace cinco décadas, ha empezado a desencadenar una serie de eventos, sobre cuyas reales y posibles consecuencias debemos llamar la atención.

Primero, y ante todo, queremos condenar el hecho de que ante las acciones de destrucción y de vulneración de los derechos humamos que llevan adelante los grupos armados (regulares e irregulares) en Colombia, el Estado colombiano responda con muerte y con violencia, cuando la verdadera y profunda raíz del conflicto en ese país se encuentra en los intereses económicos que subyacen al narcotráfico y a la industria de la guerra que el conflicto mismo alimenta. Por ello, levantamos la voz ante un acto más que, en lugar de poner un fin a la barbarie y el sinsentido, contribuye a enriquecer a los individuos y grupos de poder, en Colombia y en otras partes del mundo, que lucran de la guerra, del narcotráfico, de la muerte. Mientras estos intereses no se develen por lo que son, y sean condenados y desarticulados por la Comunidad Internacional, el pueblo colombiano continuará viviendo este doloroso conflicto.
En segundo lugar, la muerte de los 21 insurgentes de las FARC en territorio ecuatoriano corrobora la tesis de que Álvaro Uribe busca regionalizar la respuesta militar al conflicto Colombiano (exigida por Estados Unidos en el Plan Colombia), hacia Ecuador y Venezuela, a fin de involucrar a la región en una estrategia belicista. Lejos de contribuir a la ansiada solución del conflicto interno, pues ninguna de estas acciones enfrenta las causas de fondo, el Plan Colombia y las iniciativas surgidas con similares objetivos de tinte bélico, no sólo que transgreden la soberanía de los países vecinos a Colombia, sino que por sobre todo han tendido a agravar la situación de vulnerabilidad de la población civil, sobretodo de los sectores sociales más excluidos. No descartamos que este hecho violento genere como consecuencia un recrudecimiento de las acciones bélicas, cuyas víctimas serán, como siempre, hombres, mujeres, niñas y niños inocentes.

Tercero, es importante resaltar que este incidente pone en pausa definitiva al proceso llevado adelante por las FARC y la comunidad internacional para lograr un acuerdo humanitario y la consecuente liberación de rehenes. Ello evidencia que la intervención militar y la estrategia “Uribe – Bush” no mide las consecuencias o las víctimas que puede generar, poniendo en pausa, también, una alternativa de paz para Colombia.
Cuarto, el rompimiento de las relaciones diplomáticas, con la expulsión de nuestro país del Embajador colombiano, pone en riesgo los compromisos que el Estado ecuatoriano ha asumido de proteger y garantizar el derecho al refugio en nuestro país, y el consecuente respeto y ejercicio de los derechos básicos de la población en situación de refugio. El conflicto diplomático perjudica, además, los avances que ya existían por parte del Gobierno de Uribe de asumir la corresponsabilidad frente a la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador. Nos preocupa, además, que la expulsión del Embajador colombiano genere posteriormente un retiro de todo el cuerpo consular, determinando una situación de indefensión de los ciudadanos colombianos en nuestro territorio, por parte de su Estado.

Reiteramos que el problema de fondo no es la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del Gobierno colombiano, a través de su ejército, sino las consecuencias que el conflicto colombiano en su conjunto está dejando en la población de Colombia y de la región: millones de desplazados por la violencia, muerte y destrucción, desolación y mayor pobreza. Por ello hacemos un llamado al Estado ecuatoriano, a la sociedad civil, a las organizaciones e instituciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y a la comunidad internacional, a que se unan esfuerzos para lograr que el Estado colombiano y el Gobierno de Álvaro Uribe pongan fin al conflicto, no desde la beligerancia, sino desde la desarticulación de los intereses económicos que financian y se enriquecen con la industria armamentista y el narcotráfico.

Diego Apolo Buenaño
Oficial de Comunicaciones
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes – Ecuador
(593 8) 4014919
(593 2) 2559876 / 2543985
dapolo@sjrmecuador.org.ec
Skype: apolodiego

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