Por Mariano Pérez de Ayala. CVX en Sevilla.

El acercamiento al fenómeno de la inmigración es posible desde muchas perspectivas. Personalmente esta mirada está marcada desde tiempos recientes por el valor de la hospitalidad. Compartir la vida desde septiembre de 2019 hasta el mismo mes de 2021 en Casa “Mambré”, Comunidad de Hospitalidad promovida y sostenida por la  CVX de Sevilla, junto con varias personas migrantes e Inma mi mujer y Marcelino, compañero de nuestra comunidad, ha determinado que durante todo ese periodo mi vivencia de la migración haya estado indefectiblemente marcada por la vida en comunidad: la cercanía, el compartir los sueños y esperanzas de personas migrantes, sus dificultades para abrirse un hueco en nuestra sociedad y la lucha permanente por superar, uno tras otro, los obstáculos que impiden su integración, experimentar cómo sufren las actitudes de rechazo y racismo que a nosotros nos pasan desapercibidas o cómo en la convivencia vamos educándonos todos en la interculturalidad, la aceptación de las diferencias y el diálogo, también en la dimensión religiosa.

Pero hoy pretendo acercarme a la migración desde una mirada más “política”. Dos acontecimientos me motivan para ello. En primer lugar, una reciente visita a Nador y a ese lugar de violación de los más elementales derechos humanos, de sufrimiento y de muerte que es la frontera de Melilla; en segundo lugar, la reciente denuncia efectuada por los obispos de Canarias sobre la situación de los menores migrantes que alcanzan la mayoría de edad y cómo las islas se están convirtiendo en un auténtico campo de concentración, una nueva Lampedusa, como ellos mismos han expresado. Concretamente se refieren los obispos a la situación en que se están convirtiendo las Islas Canarias donde hay “2.235 menores tutelados, de los que 1.300 son atendidos por instituciones de la Iglesia, y que no pueden llegar a la Península, por esa ‘cárcel sin muro’ en que se ha convertido el archipiélago”. La impenetrabilidad de la frontera del norte de Marruecos está desplazando el flujo migratorio hacia las costas del Sahara para intentar desde allí la travesía hacia Canarias. Ello supone un agravamiento de los peligros de la ruta migratoria de África a Europa y un empeoramiento de las posibilidades de supervivencia, al tiempo que convierte a Canarias en un lugar de concentración de población migrante sin posibilidades reales de alcanzar otros destinos continentales.

La visita a Nador y la valla de Melilla nos muestra con toda su crudeza la sinrazón de la actual política migratoria de la Unión Europea y la utilización del fenómeno de la migración para la consecución de determinados  intereses por parte de unos y otros. La Unión Europea, incapaz de sostener en su territorio la defensa universal de los derechos humanos y la regulación ordenada de los flujos migratorios, encomienda a terceros el control de sus fronteras y le adjudica a otros Estados la labor de gendarme. Hemos de decirlo con toda claridad: el responsable de la violación de los derechos humanos y la muerte de personas en la valla, como ocurrió el pasado verano, no es la policía marroquí, -“hay que ver que brutal es Marruecos reprimiendo a los inmigrantes, no como nosotros tan pulcros y respetuosos de los derechos humanos”-, sino la política europea de control de fronteras. A la Unión Europea le interesa que en sus fronteras existan Estados menos escrupulosos que nosotros en el respeto a los derechos humanos y que estén dispuestos a reprimir con mano de hierro para que las personas migrantes no accedan al paraíso de confort, bienestar y libertad que es el territorio europeo. La actual política migratoria de la Unión Europea es una política que mata, que genera muerte en las fronteras, la actuación incontrolada de las mafias, la violación flagrante de los derechos humanos y  un enorme sufrimiento de miles de seres humanos. La reciente declaración del Estado español sobre el Sahara, alineándose con las reivindicaciones de Marruecos, ha hecho que este país haya endurecido su política de represión y control sobre las personas migrantes que pretenden pasar a territorio de la Unión Europea.

Es sorprendente que ante este agujero negro, que causa miles de muertos y enorme sufrimiento, callen tantos y sean muy pocas las voces que se alcen ante tanta ignominia. Analicemos la reacción que se ha producido en España ante la muerte de varias decenas de personas migrantes en la valla de Melilla el pasado mes de junio. Apenas unos pocos titulares en  aquellos días, por supuesto intentando culpabilizar a Marruecos del asunto y sin el más mínimo análisis de por qué se producen estos hechos, ocultamiento de la información y de las imágenes existentes y, por último, negativa a la  creación de una comisión parlamentaria de investigación de los hechos y que pudiera determinar las responsabilidades políticas. La creación de esta comisión ha sido rechazada por el voto unido de VOX, Partido Popular y PSOE. La política migratoria, el control de fronteras y el respeto a los derechos humanos, sirve de vínculo de unión sorprendente a la extrema derecha, la derecha liberal y la social democracia. Qué verdad es que la política, en este caso de inmigración, hace extraños compañeros de cama.

Tampoco es que la llamada izquierda “transformadora”, aliada con el PSOE en coalición de gobierno haya expresado más que una tibia protesta, sin que, por supuesto, en ningún momento haya cuestionado mínimamente su permanencia en el gobierno ante unos hechos de tanta gravedad.

Hemos de significar que la defensa de los derechos de las personas migrantes, el respeto a los derechos humanos en las fronteras, la defensa del derecho a emigrar en condiciones de seguridad y dignidad, encuentran escasos defensores en el ámbito de las organizaciones políticas. Hay que buscar fuera del ámbito de los partidos políticos con representación parlamentaria las voces que se alcen a favor de la migración y sus derechos. Podemos decir que es la sociedad civil organizada la que hoy está levantando su voz en favor del respeto a los derechos de las personas migrantes. La voz profética del Papa Francisco y algunas otras con cierta relevancia social y de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de inspiración cristiana, son las únicas que resuenan e interpelan en medio de tanto silencio y vergüenza.

Por eso se hace necesario reforzar la mirada política sobre el fenómeno migratorio. Es evidente que las iniciativas de acogida y hospitalidad son necesarias y suponen una interpelación ante tanta indiferencia, silencio y rechazo, pero es necesario el compromiso político ante la realidad de las migraciones, que actué en una doble dirección:

• La denuncia ante tantas situaciones de injusticia y violación de la dignidad y los derechos humanos de tantos hombres y mujeres que por una razón u otra ejercen su derecho a emigrar o se ven abocados a ello. No guardar silencio, denunciar con la voz y con acciones significativas (círculos de silencio, concentraciones, marchas, etc.), son hoy gestos políticos necesarios y significativos para que el sufrimiento de tantas personas no quede en el olvido. Denunciar también las  políticas que causan muerte y sufrimiento y a aquellos responsables públicos que las adoptan y mantienen. Sigamos el ejemplo de la periodista y activista Helena Maleno, o el arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, cuyas voces insisten y denuncian los atropellos y violaciones de la dignidad de las personas migrantes.
• La incidencia, es decir, el apoyo a aquellas medidas o iniciativas que se dirigen a exigir de los responsables públicos una regulación de la emigración que respete el derecho a emigrar con garantías y la integración de las personas migrantes en las sociedades de acogida en condiciones de igualdad y dignidad. En este sentido se está desarrollando una Iniciativa Legislativa Popular  (ILP) para pedir la modificación de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y posibilitar una regularización extraordinaria de aquellos personas que se encuentren en territorio español desde antes de noviembre de 2021. También en esta línea se encuentran los informes que anualmente realiza el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en España sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la situación de la Frontera Sur.

Sólo la movilización de la sociedad civil, la actuación en los distintos frentes que un estado democrático nos permite, la denuncia y la incidencia, nos permitirá poner en la agenda política la situación de la migración en la Unión Europea. Recordemos las movilizaciones a favor del 0,7%, las políticas de cooperación, las reivindicaciones ecologistas o el movimiento feminista, nacidas de la movilización de colectivos ciudadanos, ante cuyas propuestas la política institucional se ve forzada a responder incorporándolas a las leyes, si bien todavía de forma claramente insuficiente.

Entramos en nuestro país en un año en que habrá procesos electorales, algunos, como las elecciones generales, con clara influencia en esta materia; es momento de movilizarnos, es momento de articular políticamente el valor de la hospitalidad y la fraternidad.

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