Situación de la inmigración en Canarias.

 

 Foto: Ángel Medina G. / EFE 

 

Canarias vive desde el año pasado una intensa llegada de migrantes a sus costas. Las causas, pese a las voces que tratan de simplificarlas, son en realidad diversas y complejas: conflictos armados en países como Mali, los efectos del cambio climático en la zona del Sahel (creciente desertización), la pérdida de oportunidades laborales a consecuencia de la actual pandemia, el crecimiento demográfico o la simple búsqueda de mejores condiciones de vida en Europa.  

La frialdad de los números dice que de las cerca de 40.000 personas que llegaron a España en 2020, más de 23.000 lo hicieron a Canarias. Además, 1.717 murieron en el trayecto. (Fuente: Informe Frontera Sur, de APDHA, elaborado con datos del Ministerio del Interior). Una vez más, conviene pararse a pensar que detrás de cada número hay una persona con un nombre, un rostro y una vida truncada de forma evitable.

Aunque en menor medida, a día de hoy (abril de 2021), las llegadas se siguen produciendo. El viaje puede durar desde 2 días hasta más de una semana, dependiendo de la zona de África de la que se parta, el tipo de embarcación o la meteorología. Cuando el agua se acaba, varias son las personas que cuentan cómo han tenido que llegar a beber su propia orina, o ver a compañeros de viaje fallecer durante el trayecto.

Para los afortunados que sobreviven a este infierno y consiguen llegar a suelo canario, la situación está lejos de ser favorable. Lo primero que se hace es trasladarles a un centro de atención temporal de extranjeros (CATE), el cual ha sustituido al campamento improvisado en el muelle de Arguineguín el año pasado, desmantelado por sus precarias condiciones. En el CATE se les registra y realiza una PCR. Aquí empiezan también algunas de las irregularidades que cometen las autoridades, pues a los migrantes se les retiene por encima del máximo de 72 horas que marca la ley para mantener a personas bajo custodia policial.

Desde aquí, los migrantes son trasladados a recursos de acogida. Las plazas en hoteles han dado paso al establecimiento de campamentos ubicados en áreas aisladas, en los cuales se duerme en tienda de campaña y el acceso está restringido a personas que trabajen en los mismos. En estos centros, considerados de estancia temporal, las personas esperan sine die a que se resuelva su situación administrativa, que en la mayor parte de los casos se trata de la ejecución de la orden de retorno al país de origen. Así transcurren días, semanas e incluso meses, en los que la espera se transforma en desesperación. Los trastornos psicológicos son frecuentes y se llegan a producir episodios de autolesiones entre las personas internadas.

En este punto es importante señalar que la inmensa mayoría de las personas que llegan a Canarias quieren continuar su proyecto migratorio hacia la península o el resto de Europa. De nuevo, se están produciendo irregularidades al no permitir la movilidad a la península a personas que legalmente pueden hacerlo, bien por tener un pasaporte en regla o bien por haber formalizado una petición de asilo en España. 

Se dan incluso situaciones esperpénticas, como que personas cansadas de esperar que deciden retornar voluntariamente a sus países de origen no pueden hacerlo; cuando tratan de acceder al aeropuerto son detenidas y llevadas a dependencias policiales con el fin de comprobar su identidad, de forma que el detenido acaba perdiendo el vuelo. Una vez más, estas detenciones contravienen la Constitución, pues se producen de forma arbitraria y están basadas en criterios raciales.

La situación de los menores no acompañados merece otra mención especial. Más de 2500 permanecen en centros de Canarias, lo que denota una presión sobre los mismos que podría ser compartida por otras comunidades autónomas. Además, los menores viven con la amenaza constante de ser expulsados de los centros una vez cumplen los 18 años, sin existir protocolos definidos de derivación a otros recursos. De este modo, muchos jóvenes se ven abocados a vivir en la calle, como ya se está viendo en ciudades como Las Palmas.

Por último, en medio del caos, es especialmente dolorosa la falta de un punto de información a familiares de personas desaparecidas. Es frecuente ver a personas que ya se encontraban en las islas buscar desesperadamente a sus hijos o hermanos por muelles, CIEs, campamentos, centros de menores o preguntando en las calles, sin encontrar noticias. Si la situación en la que se encuentran ya es precaria, la incertidumbre asociada a no saber lo que le ha ocurrido a un familiar directo debe ser una experiencia terrible.

En definitiva, todos estos hechos ponen de manifiesto las carencias del actual sistema de acogida: la falta de una adecuada identificación de perfiles vulnerables en la llegada (menores no acompañados, mujeres víctimas de trata, etc.), la escasez de centros para la acogida humanitaria de estos perfiles, la precariedad general de los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) o los nuevos centros de estancia temporal, la falta de protocolos de actuación en la acogida, o la deficiente coordinación entre organismos de la administración pública con competencias en materias de migración, por citar solo algunas de ellas. Todo ello ha sido denunciado por diversas instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo, en su visita a Canarias en noviembre de 2016 (ver el informe completo de la visita aquí). 

 

Repitiendo errores

Decía una canción de Iván Ferreiro que “repetimos los errores, que si antes eran grandes ahora son enormes”. Esta frase, seguramente pensada para hablar de otras realidades, puede resumir la gestión que está realizando el gobierno de la situación en Canarias. 

Sirva para ilustrarlo la reciente imagen de una bebé tirada en el suelo del puerto de Arguineguín tratando de ser reanimada por miembros de Cruz Roja, la cual falleció días después en el hospital (en medio, por si fuera poco, de la confusión acerca de su identidad). Esta imagen recuerda tristemente la de Aylan, el niño sirio que apareció muerto en una playa del Mar Egeo en 2015, tras hundirse la lancha en la que él y su familia trataban de alcanzar las islas griegas. 


España y la Unión Europea siguen insistiendo en aplicar en Canarias las mismas políticas migratorias que en otras rutas del Mediterráneo (Grecia, Mediterráneo central y frontera sur de España). El principal objetivo  de estas políticas no es otro que el de intentar que las personas no lleguen a territorio europeo. Para ello se levantan vallas, se extrema el control fronterizo y se pagan enormes sumas de dinero a terceros países como Turquía, Libia o Marruecos para que vigilen sus costas y, literalmente, se queden con los migrantes.  

Se repiten los errores. Y son enormes. Si las consecuencias de cualquier política tienen como resultado la muerte sistemática de personas, error es quizá el calificativo más amable que puede aplicarse a dicha política. 

Ojalá todos aprendamos a ver la inmigración de otra manera, especialmente aquellos que hacen las leyes y tienen por tanto en sus manos la vida de tantas personas. Ojalá nos demos cuenta de que migrar es algo que ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad y que, en un mundo cada vez más global pero también más desigual, seguirá existiendo. Y ojalá aprendamos a ver lo bueno que hay en ella: de encuentro con el diferente, de enriquecimiento mutuo, incluso de oportunidad económica; para desde ahí construir políticas de acogida e integración basadas en el respeto a la dignidad de cada ser humano.

 

Marco Rivas

Equipo Misión Migraciones CVX-E

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