Y, de repente, la casa se llenó de risas infantiles, de carreras y de juegos. Se convirtió en su territorio de expedición y descubrimiento. Recorría cada una de las estancias con expresiones de enorme sorpresa. Le encantaban las bromas y las carantoñas que le hacían los adultos, blancos y negros, que pasaban por allí, a pesar de no entender ni una palabra de los idiomas en los que le hablaban. Repartía besitos y abracitos mientas su radiante sonrisa lo iluminaba todo y traslucía a las claras que estaba viviendo la gran aventura de su corta vida. Era la primera niña que —aunque de forma temporal— iba a vivir en la casa. Sin embargo, su estancia fue más corta de lo previsto y de lo deseable, porque ya no había nada que los médicos pudieran hacer. El día en que marchó de vuelta a su país, mientras la besábamos y abrazábamos en la despedida, también rezábamos al Señor para que la acogiera en sus manos amorosas cuando la muerte la fuera a visitar, lo que sucedió no mucho después de llegar a su aldea y poder contar a sus hermanitos y amiguitas su gran odisea. Desgraciadamente, tras su muerte, llegó también la de su madre, que la había acompañado en el viaje a pesar de estar por entonces embarazada.
Habían llegado a España a través de una ONG amiga que consiguió realizar todos los trámites burocráticos necesarios para que la pudieran ver y tratar algunos de los fantásticos y generosos profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero fue demasiado tarde. Falleció por una enfermedad que, aunque seria, difícilmente se habría llevado por delante la vida de ninguna niña que viviese en nuestro país. Su madre, ni siquiera se supo de qué murió: cosa muy común en lugares donde no existe un sistema sanitario como el nuestro. Recordándolas, y recordando a otras tantas niñas, niños, mujeres y hombres que fallecen en el mundo por enfermedades que aquí se tratarían y curarían con medicamentos que nos dispensan sin receta en una farmacia cualquiera, se nos rompe el corazón y nos preguntamos cómo es posible que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —que consagra el derecho a la salud y a la atención sanitaria— siga siendo incumplido de forma sistemática 77 años después de su proclamación. En pleno siglo XXI la desigualdad Norte-Sur en el acceso a la salud sigue siendo aterradora.
Aun con el corazón encogido, tenemos claro que nuestro sistema público sanitario no puede tratar y curar a toda la población mundial, pero nos alegra que, por ley, pueda y deba tratar —y de hecho trata e intenta curar— a toda persona que habita en este país. Y esto nos llena de orgullo frente a otros sistemas, incluso en países muy avanzados a los que tantas veces envidiamos, en los que el derecho a la salud se mide, fundamentalmente, por el grosor de los fajos de billetes que lleva cada cual en su cartera.
Llegados a este punto, cabe hacerse otra pregunta. ¿Qué tienen en el corazón y en la cabeza quienes se dedican a sembrar odio al diferente y ansían que las personas inmigrantes que viven entre nosotros sean excluidas de nuestro Sistema Nacional de Salud? ¿Pretenden convertirse en dioses y condenar a la enfermedad y a la muerte a quienes ellos no estimen dignos: ya sea por criterios de lugar de nacimiento, color de la piel, religión u orientación sexual? ¿Por qué difunden el bulo de que las personas migrantes colapsan el Sistema Nacional de Salud empleando argumentos y datos absolutamente falsos en vez de decir abiertamente que lo hacen solo por puro racismo y xenofobia?
En el mundo, no se han elaborado demasiados estudios sobre el uso de los recursos sanitarios por parte de las personas migrantes pero, curiosamente, los más exhaustivos, contrastados y documentados se han realizado en España, y recogen datos y arrojan conclusiones que desmienten de forma absoluta los bulos que a este respecto circulan en RR.SS. y pseudomedios de comunicación.
Para desmontar esos bulos, bastaría con la conclusión de la investigación del grupo de trabajo de Luis Andrés Gimeno-Feliu, publicada en el International Journal for Equity in Health en 2021: “En igualdad de condiciones de acceso, el uso del sistema de salud por personas migrantes irregulares es mucho menor que por nacionales españolas, independientemente del país de origen y del tiempo que lleven en España”. Por ejemplo, una persona española visita la atención primaria una media de 6,7 veces al año, mientras que una migrante irregular lo hace tan solo 0,5 veces al año y una migrante regular 4 veces al año. En atención especializada, hospitalaria de urgencias u hospitalaria programada los datos son muy similares. La razón fundamental para estas notables diferencias es que la edad media de la población migrante es bastante inferior a la de la población local y, por tanto, a mayor juventud, menor presencia de enfermedades crónicas y menor incidencia y gravedad de las agudas. También se explican porque las personas migrantes irregulares son muy reticentes a visitar cualquier servicio sanitario por el miedo a que sus datos puedan transferirse a los cuerpos policiales para realizar detenciones que terminen con su expulsión del territorio nacional. Nuestra Constitución y demás leyes que protegen los datos personales —y especialmente los datos médicos— hacen que eso sea ilegal, pero el miedo es más fuerte que la razón y provoca que la migración irregular sea muy vulnerable, incluso desde el punto de vista sanitario.
La población migrante, contrariamente a lo que muchos piensan y sostienen, está bastante más sana que la población local y no es, para nada, vehículo de entrada a nuestro país de enfermedades infecciosas. Baste recordar que la dolorosa y reciente pandemia de COVID-19 se transmitió con una gran celeridad por viajes turísticos e intercambios comerciales, y no por movimientos migratorios.
Una población sana, como es básicamente la población inmigrante, no causa tampoco, por mucho que algunos se empeñen, el aumento de las listas de espera porque —como ya hemos visto— acuden a los centros de salud, centros de especialidades y hospitales mucho menos que la población local y, por tanto, tienen muchas menos citas pendientes. Tampoco generan, como algunos pregonan, enormes incrementos del gasto farmacéutico ni que se dispare el presupuesto sanitario por incluirlos en el sistema mediante la universalización de la atención sanitaria: más real en unas Comunidades Autónomas (CC.AA.) que en otras.
A la luz de la investigación de Gimeno-Feliu ya citada, las diferencias en el gasto farmacéutico medio en inmigrantes irregulares (8,7 €/año), inmigrantes regulares (77,4 €/año) y nacionales (366,5 €/año) son aún más extremas —hasta 42 veces más— que las del número medio de visitas médicas. Las personas jóvenes sanas no son precisamente las que más medicamentos toman ni las que generan más gasto farmacéutico. Y, respecto a la atención sanitaria universal—eliminada en 2012 y recuperada en 2018—, se pueden dar datos muy exactos y concretos sobre la base de estudios realizados en ese período. El propio Gobierno Vasco analizó lo que había supuesto, económicamente, no atender al colectivo de inmigrantes irregulares y llegó a la conclusión de que el “ahorro” no llegaba al 0,06% del presupuesto total. Así que, no, la universalización de la sanidad no dispara su presupuesto y, en cambio, genera una sociedad más sana, igualitaria y cohesionada.
Además de todo lo anterior, resulta sangrante leer y escuchar que la migración irregular es una especie de “turismo sanitario”. Nada más alejado de la realidad. Los llamados “turistas sanitarios” que llegan a nuestro país suelen ser ciudadanos europeos, ya de cierta edad y con notables recursos económicos, que buscan tratamientos más especializados y, en la mayoría de las ocasiones, en la sanidad privada. Lo único cierto de los discursos xenófobos a este respecto es que estas personas son también consideradas inmigrantes si permanecen en nuestro país más de noventa días. Esto es lo que usan los “odiadores”, que distorsionan, tergiversan, manipulan, confunden y terminan transformando medias verdades en falsedades manifiestas.
Para finalizar, uno de los argumentos que más a voz en grito lanzan en sus proclamas y soflamas aquellos que sostienen que se ha de excluir a las personas inmigrantes del Sistema Nacional de Salud es que no cotizan a la Seguridad Social. Y para difundir semejante cosa, aprovechan el flagrante desconocimiento de la mayoría (49%) de la población que, en el Barómetro Sanitario publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad en octubre de 2024, seguía sin saber que nuestra sanidad pública no se financia mediante cotizaciones sino mediante los impuestos directos (gestionados por las CC.AA.), indirectos (sobre todo IVA) y especiales. Y esto no es que sea un sistema precisamente nuevo. Se establecieron las bases para que fuera así en 1986, en la Ley General de Sanidad (14/1986, de 25 de abril), y se implementó de forma completa en 1997. Por tanto, cualquier persona que vive en este país —nacional o extranjera, rica o pobre— contribuye a la sanidad pública cuando paga sus impuestos y cuando compra un billete de autobús o unos zapatos, llama por teléfono, enciende una luz o calienta agua en la cocina. Quizá, en vez de excluir del sistema sanitario a las personas inmigrantes, habría que excluir a quienes gustan de usar esas frases tan repetidas de “esto va en negro” o “hazme la factura sin IVA”.
Es evidente que nuestro sistema sanitario es muy mejorable, pero no busquemos culpables de su mal funcionamiento entre las personas inmigrantes. Quizás deberíamos mirar hacia políticos que no administran lo público como deberían o hacia ideologías ultraliberales que pretenden importar a nuestro país sistemas sanitarios en los que se atiende solamente a quien se lo puede pagar.
Jesús sanaba, hasta lo más profundo, a las personas que iba encontrando en el camino. Sanó al leproso extranjero, que fue el único de los diez que volvió para agradecerle su curación. Tocó a personas enfermas, aunque padecieran males contagiosos. No excluyó a nadie de su cercanía y su amor. Luchó para que toda persona humana, sin excepción, fuese tratada con la dignidad que merecen todas las hijas e hijos de Dios. Hagamos lo mismo y no excluyamos a nadie del derecho a la salud.
Equipo de misión Migraciones de CVX España
——————————————————————————————————————————
Nota y enlaces a los materiales empleados para la redacción del presente artículo:
- Fotografía realizada por Alberto Di Lolli, a quien agradecemos profundamente el permiso para su publicación.
- Agradecemos a nuestro compañero de CVX en Sevilla, el Dr. Enrique de Álava Casado, su asesoramiento profesional para la redacción del presente artículo.
- Luis Andrés Gimeno-Feliu, Marta Pastor-Sanz, Beatriz Poblador-Plou, Amaia Calderón-Larrañaga, Esperanza Díaz y Alexandra Prados-Torres. “Overuse or underuse? Use of healthcare services among irregular migrants in a north-eastern Spanish region”. International Journal for Equity in Health, 01/20/2021.
- Formación para desmontar mitos sobre la exclusión sanitaria.Yo Sí Sanidad Universal, 29/10/2019, actualizado el 22/11/2023.
- Situación de las Personas Migrantes y Refugiadas en España – Informe anual 2023 – La situación de la población inmigrante en 2023. Foro para la Integración Social de los Inmigrantes – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2024.
- Migration and Health. Editorial, Volume 16, Issue 8, P867. The Lancet Infectious Diseases. August 2016.
- Marco Rivas Fernández. “Far from universality: the harsh reality of access to healthcare for ‘paperless’ immigrants in Spain”. International Health Policies, 04/30/2023.


0 comentarios