9 meses, 9 bulos: 8/9 – Las personas migrantes prefieren vivir en guetos o en pisos patera porque no quieren integrarse ni aprender nuestro idioma y costumbres

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

El texto anterior no es parte del programa de ningún partido político en época electoral sino el tenor literal del artículo 47 de la Constitución Española de 1978; la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Esa que quien desempeña algún cargo o responsabilidad en los poderes o instituciones del estado ha de “cumplir y hacer cumplir”, esa que toda la ciudadanía tiene derecho a exigir que se cumpla.

Según datos recogidos en el Informe Anual 2023 del Banco de España, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que en 2022 no se había emancipado y residía aún en el hogar familiar alcanzaba el 65,9%. Este porcentaje no ha parado de crecer —trece puntos más— desde 2008 y supera en dieciséis puntos la media de la UE. Por otro lado, si bien las reformas legislativas en el mercado laboral y las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han hecho que el sueldo bruto de las personas en esa franja de edad se haya incrementado un 25% entre 2015 y 2022, el precio de compra de una vivienda aumentó un 42% en ese mismo período. Esto, en la práctica, ha supuesto la expulsión del mercado de compraventa de vivienda de la población joven, que se ha visto empujada hacia un mercado de alquiler que no estaba preparado para asumir esa demanda creciente y en el que los alquileres turísticos y temporales han venido a reducir la oferta disponible. Así, los precios del alquiler se han disparado hasta extremos nunca vistos desde el boom inmobiliario de 2007 y han provocado que si una persona joven trabajadora desease vivir sola, tendría que destinar el 102% de su sueldo para pagar el alquiler, sin contar con los costes de los suministros básicos de agua y energía. En consecuencia, la opción de compartir piso se ha convertido en la única posible, y no solo para los jóvenes. En los últimos años se ha triplicado el número de personas mayores jubiladas que optan también por compartir piso, porque la cuantía de sus pensiones hace imposible que puedan acceder a una vivienda digna y propia y llegar a fin de mes.

Esta combinación de factores —que ha descontrolado el mercado de la vivienda, que ha llevado al 45% de la población general que vive de alquiler y al 22,8% de población joven trabajadora a encontrarse en riesgo de pobreza y exclusión social— unida a la ausencia de políticas de vivienda que miren más allá del parche y del corto plazo ha desatado la tormenta perfecta y ha situado a la vivienda como el mayor problema para los españoles, según el Barómetro de Opinión del CIS. A la vista está que el artículo 47 de la Constitución Española ha importado más bien poco a quienes, a lo largo de los años, debían cumplirlo y hacerlo cumplir. Baste una frase de la carta de 22/03/2019 de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la ONU al gobierno español: “Le escribimos para expresar nuestra preocupación con respecto a la práctica de su Gobierno de adoptar leyes y políticas que tratan la vivienda como una mercancía y socavan el disfrute de la vivienda como un derecho humano”.

Nuestras ciudades padecen, desde hace mucho tiempo, un proceso de segregación urbana por el que las personas y colectivos más vulnerables han sido desplazadas hacia barrios y zonas periféricas deprimidas en las que los servicios públicos básicos son bastante deficientes, ahondando así en la desigualdad social y agravando el fenómeno de la exclusión residencial: la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Para las personas inmigrantes la cosa se complica aún más. La mayoría de ellas son bastante más jóvenes que la población local, se emplean en ocupaciones básicas con salarios bajos y muchas veces en precario. Además, no cuentan con esas redes familiares que en tantas ocasiones ayudan a hijas e hijos que acaban de comenzar su vida laboral con avales o préstamos para el pago de las fianzas de los alquileres. Y, por si esto fuera poco, se encuentran con el racismo y la segregación al querer alquilar una vivienda. Provivienda, asociación del tercer sector en el ámbito de la vivienda, ha publicado su investigación “¿Se alquila? (2)”, en la que queda claro que el racismo en el mercado de la vivienda es, en 2025, una triste realidad. En el test I, se realizaban llamadas a agencias inmobiliarias, preguntando por el mismo anuncio de alquiler, por parte de dos personas: una de ellas española y la otra con un marcado acento extranjero. En el 31% de las llamadas realizadas por la persona nacional el piso no estaba disponible, mientras que para la persona extranjera el mismo piso no estaba disponible en el 47% de las llamadas. Por tanto, se estaba produciendo un engaño —esa diferencia de dieciséis puntos porcentuales— respecto a la no disponibilidad del inmueble. En el test II, una persona nacional realizaba una llamada simulando ser la propietaria de un inmueble y solicitando a la agencia inmobiliaria que gestionase el alquiler del mismo. El 99% de las agencias contactadas aceptó que en esa gestión se incluyesen cláusulas y condiciones racistas que imposibilitaran a una persona extranjera acceder a la vivienda que se iba a ofertar. En la anterior investigación de la misma asociación, realizada en 2020, ese porcentaje había sido del 70%. Un crecimiento de veintinueve puntos en tan solo cinco años es síntoma más que preocupante de cómo el racismo está calando en nuestra sociedad.

En un país en el que, como hemos visto, aunque seas nacional, tengas trabajo y más de treinta años, te ves obligado a vivir en un piso compartido, como si retornaras a tus épocas estudiantiles, y en el que si tienes acento extranjero ni siquiera te van a atender para gestionar un alquiler, resulta más que grotesco que haya quien afirme que las personas inmigrantes “prefieren” vivir en guetos o “pisos patera”. La realidad es que viven donde pueden y donde les dejamos. Esperemos que sea aprobada una proposición no de ley (PNL) impulsada por medio centenar de organizaciones civiles y que, con el apoyo de varios grupos políticos, se acaba de presentar en el Congreso, instando al Ejecutivo a tomar medidas contra el racismo inmobiliario.

Respecto al término “integración” se oyen muchos discursos exaltados que, por su contenido, se descubre que aquello de lo que de verdad hablan es de “asimilación”: de rechazo, negación y anulación de la cultura y costumbres propias de quien llega para que asimile la cultura dominante y las costumbres del país que lo recibe. Y nos pregúntanos, en un país tan sumamente rico y diverso como el nuestro, en el que convivimos andaluces y vascos, gallegos y catalanes, valencianos y extremeños, castellanos y aragoneses, canarios y baleares, etc. ¿Quiénes se han creído que son esos que se arrogan el supuesto derecho a decidir cuál es la cultura “española” standard a la que se deben plegar las personas inmigrantes? Para nosotros, la palabra “integración” supone convivencia intercultural, respeto y enriquecimiento mutuo. Creemos en un país en el que toda persona que llega, venga de donde venga, tiene derecho a conservar su cultura, sus costumbres y creencias, siempre que no sean contrarias a la legislación española. La UNESCO ya lo afirmó con mucha rotundidad: “La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos”.

Quienes ya peinamos muchas canas sabíamos, desde nuestra más tierna infancia, que si queríamos colar alguna mentira, ya fuese grande o pequeña, era básico que tuviese sólidos visos de credibilidad. Hoy, por contra, parece que se puede soltar cualquier barbaridad, aunque sea absolutamente inverosímil, que habrá siempre quien esté totalmente dispuesto a creérsela —sobre todo si se dedica a atacar a alguna persona o colectivo o a reforzar el pensamiento propio de quien se la cree—. Y entre los bulos más inverosímiles que se pueden encontrar está el de que las personas inmigrantes que llegan a nuestro país no quieren aprender español. Que alguien que llega a España para vivir, trabajar y prosperar aquí no quiera aprender el idioma que, según datos de Lengua Viva de 2024, hablamos 591 millones de personas —el 7,3% de los habitantes del planeta se puede comunicar en español— y estudian más de 23 millones de personas como lengua extranjera es algo absolutamente inconcebible. La realidad es que muchas personas en África y Asia son estudiantes de español en sus propios países antes siquiera de llegar a plantearse la posibilidad de migrar hacia Europa: más de medio millón en Costa de Marfil, más de cuatrocientos mil en Benín o trescientas sesenta mil en Senegal, por poner algunos ejemplos.

Las personas inmigrantes que llegan son las primeras interesadas en aprender nuestro idioma. Saben que hablar español es la clave para su inserción en el mercado laboral y que, sin hablarlo, no pueden acceder a ningún tipo de programa previo de formación laboral ni reglada ni no reglada. Además, si no lo dominan sus posibilidades de llevar una vida normal —hacer la compra, ir al médico cuando no se sienten bien, realizar los complicados trámites migratorios, etc.— son nulas. De hecho, las estructuras de enseñanza reglada de español a personas extranjeras sufren una notable saturación y son en su mayoría las entidades del tercer sector social las que están asumiendo esa labor.

Formar una sociedad cohesionada, justa, en la que podamos vivir en armonía, requiere el esfuerzo de todas y todos. De las personas migrantes que deciden vivir en esta tierra y de quienes las recibimos. Demos una oportunidad al diálogo y la conversación, a entender los motivos que llevan a alguien a dejar su casa y su país, a acercarnos a su cultura y costumbres, a conocer los sueños que alberga el corazón de quien se encuentra en tierra extraña, a mirarnos directamente a los ojos y comprender que entre dos seres humanos siempre hay más cosas que nos unen que aquellas que nos puedan separar.

Recordemos los verbos con los que el papa Francisco —que tan profunda huella ha dejado en nuestros corazones y reposa ya en la casa del Padre— nos animaba a responder a la realidad de las migraciones: “Acoger, proteger, promover e integrar”.

Equipo de Migraciones de CVX España

Notas y enlaces a los materiales empleados para la redacción del presente artículo:

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